La violencia digital contra las mujeres, y en particular contra las periodistas, se ha convertido en una de las preocupaciones crecientes para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otros organismos regionales e internacionales. En ese contexto, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) inicia una nueva etapa bajo la conducción de Mónica Xavier, quien asumió la presidencia del organismo con un enfoque explícito en la construcción de marcos normativos regionales y con una advertencia clara: ningún país puede responder en solitario a un problema transnacional.

La 40ª Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, celebrada en Washington D.C. a finales de mayo, eligió por aclamación a Mónica Xavier como presidenta del organismo para el período 2026-2029. La uruguaya —médica cardióloga, exsenadora durante cuatro períodos consecutivos y primera presidenta electa del Frente Amplio por voto directo de los afiliados— llega al cargo desde la dirección del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), donde ha liderado el proceso para que Uruguay sea el primer país en estudiar la implementación de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres.

Graciela Rock, presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Diversidad de la SIP, conversó con Xavier en los márgenes de la Asamblea. El encuentro se produce en el marco del memorando de entendimiento que la SIP y la CIM firmaron en agosto de 2025, una alianza estratégica para trabajar en iniciativas conjuntas que promuevan la igualdad de género y la participación de las mujeres en el periodismo regional. El intercambio tuvo un eje directo: cómo la nueva conducción de la CIM abordará la violencia digital, un problema que la SIP documenta en la región y que afecta de manera específica a las periodistas.

“Las reglas del juego”

Según la UNESCO, el 73% de las mujeres periodistas ha sufrido violencia digital por su labor, y un tercio ha considerado abandonar la profesión a causa de ello. En América Latina, el panorama de fondo es aún más amplio: el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, por sus siglas en inglés, estima que 9 de cada 10 mujeres han experimentado alguna forma de violencia facilitada por tecnología. Un estudio de ONU Mujeres sobre mujeres en la vida pública regional encontró que la violencia digital se ha normalizado hasta el punto de ser descrita por las propias afectadas como "las reglas del juego" en política y periodismo.

La Relatora Especial de Violencia contra la Mujer de la ONU, Reem Alsalem, ha sido precisa sobre el objetivo de estas agresiones: no son ruido de fondo, sino una estrategia para inhibir la participación, conducir a la autocensura y expulsar voces del espacio público.

Frente a ese panorama, Xavier fue clara sobre su posición: "Creo en la regulación, no en la prohibición". La violencia que sufren las mujeres en el entorno digital no es, en su lectura, una categoría nueva: "Es la misma violencia estructural producto de la desigualdad, que se manifiesta en el espacio digital". El patrón es el mismo que documentamos cuando se trata de periodistas

Una respuesta regional

Lo que Xavier pone al centro de su trabajo en la CIM es un desafío que las redacciones y las organizaciones de prensa conocen de cerca: cómo traducir el reconocimiento del problema en normas que no queden obsoletas antes de entrar en vigor. "El desafío es que nuestros legisladores tengan técnicas legislativas que no hagan que las normas caduquen", señaló. La velocidad del entorno digital supera sistemáticamente la capacidad regulatoria de los Estados, lo que convierte cualquier marco legal en una carrera permanente contra la obsolescencia.

Sobre la escala del problema, Xavier fue igualmente directa: un solo país no puede dar respuestas eficaces en solitario, la respuesta debe ser regional. Su apuesta es construir consensos que permitan multiplicar el alcance de los acuerdos, buscando "el mínimo común para multiplicarlo". Un enfoque que la SIP, con su trabajo en escala continental, puede aprovechar.

El momento no es fácil. Xavier asume en un contexto de erosión del multilateralismo y de resistencias crecientes a la agenda de igualdad en varios países de la región, el mismo clima que complica la defensa de la libertad de prensa en múltiples frentes simultáneos. Su convicción es que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos, y que la presidencia de la CIM debe ser un espacio que genere confianza entre posiciones diversas.

Desde la perspectiva de la libertad de prensa, esa confianza tiene una traducción concreta: fortalecer los mecanismos interamericanos de protección y garantizar que la violencia digital contra las periodistas sea reconocida y abordada como un desafío que afecta la participación plena de las mujeres en el espacio público. 

Por Graciela Rock*

En un continente azotado por crecientes embates autoritarios y discursos antiderechos, la firma del acuerdo entre la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA es mucho más que un acto protocolar. Representa un compromiso regional para enfrentar los intentos de restar legitimidad no solo a los derechos conquistados por mujeres y diversidades, sino también a los avances sociales que costaron décadas de lucha.

Esta alianza estratégica supone compromisos concretos: impulsar la equidad de género en los medios, fortalecer la libertad de prensa y combatir la desinformación de género. Incluye la creación de un premio anual de periodismo con perspectiva de género, programas de formación y campañas para visibilizar las voces de mujeres y diversidades.

El periodismo riguroso tiene una responsabilidad fundamental: construir la voz de los derechos en cada etapa de la historia. Como señala Fernando Ruiz, el periodismo no solo acompaña la formación del reclamo social, sino también su aceptación y la transformación institucional que convierte ese reclamo en un derecho efectivo.

Mariana Iglesias lo advertía en Clarín al analizar la situación en Argentina: los avances en materia de género enfrentan retrocesos dolorosos y el periodismo tiene la obligación ética de ser no solo testigo, sino agente decisivo del cambio. En tiempos en que gobiernos y comunicadores apelan a falacias y desinformación —como negar la violencia de género— la prensa debe reaccionar con rigor y firmeza, no con complicidad.

Aquí, la prensa enfrenta un desafío mayúsculo: narrar con rigor un problema estructural de violencia, sin ceder ante la presión de los grupos que buscan deslegitimar la agenda de género

En México, la situación es crítica. El país arrastra desde hace años una crisis de feminicidios que no logra resolverse, pese al reconocimiento legal y a los reclamos constantes de las organizaciones civiles. A ello se suma una fuerte polarización política que contamina el debate: mientras los colectivos feministas exigen respuestas del Estado, sectores conservadores intentan desacreditar esas demandas tachándolas de radicales o ideológicas.

Aquí, la prensa enfrenta un desafío mayúsculo: narrar con rigor un problema estructural de violencia, sin ceder ante la presión de los grupos que buscan deslegitimar la agenda de género. Contar los hechos con profundidad y desmontar las falacias del discurso público es una tarea ineludible para los medios que aspiran a contribuir a un país más democrático.

Con este memorando, la SIP y la CIM ofrecen mecanismos concretos: la formación de periodistas, el intercambio de conocimiento, los premios para trabajos que visibilicen desigualdades y busquen reparación. Todo ello forma parte de una estrategia para garantizar que los contenidos mediáticos reflejen las demandas legítimas de mujeres y diversidades frente a discursos de odio, negación o banalización.

No se trata de una invitación a la militancia, sino a la profesionalidad. El periodismo con perspectiva de género es, en esencia, periodismo riguroso: el que muestra datos completos, explica contextos, visibiliza desigualdades y no banaliza reclamos sociales. Incorporar esa perspectiva no es un gesto accesorio: es una herramienta para fortalecer el periodismo en toda la región.

Callar frente a la injusticia es otra forma de complicidad, la neutralidad ya no es una opción. Los medios tenemos la obligación de resistir la desinformación y actuar como un escudo frente a narrativas que buscan retroceder en derechos ya conquistados.

En México, los medios deben asumir con claridad que no basta cubrir los feminicidios como notas aisladas: es necesario investigarlos a fondo, explicar las estructuras que los sostienen y exigir cuentas a las instituciones. Y las audiencias, por su parte, tienen un rol activo: demandar información de calidad, rechazar la desinformación y no dejarse arrastrar por narrativas que normalizan la violencia.

Si queremos un país más justo, necesitamos un periodismo más fuerte y una ciudadanía más exigente. Porque defender los derechos de las mujeres y de las diversidades no es solo una causa sectorial: es una condición indispensable para que México sea verdaderamente democrático.