Por Graciela Rock*

En un continente azotado por crecientes embates autoritarios y discursos antiderechos, la firma del acuerdo entre la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA es mucho más que un acto protocolar. Representa un compromiso regional para enfrentar los intentos de restar legitimidad no solo a los derechos conquistados por mujeres y diversidades, sino también a los avances sociales que costaron décadas de lucha.

Esta alianza estratégica supone compromisos concretos: impulsar la equidad de género en los medios, fortalecer la libertad de prensa y combatir la desinformación de género. Incluye la creación de un premio anual de periodismo con perspectiva de género, programas de formación y campañas para visibilizar las voces de mujeres y diversidades.

El periodismo riguroso tiene una responsabilidad fundamental: construir la voz de los derechos en cada etapa de la historia. Como señala Fernando Ruiz, el periodismo no solo acompaña la formación del reclamo social, sino también su aceptación y la transformación institucional que convierte ese reclamo en un derecho efectivo.

Mariana Iglesias lo advertía en Clarín al analizar la situación en Argentina: los avances en materia de género enfrentan retrocesos dolorosos y el periodismo tiene la obligación ética de ser no solo testigo, sino agente decisivo del cambio. En tiempos en que gobiernos y comunicadores apelan a falacias y desinformación —como negar la violencia de género— la prensa debe reaccionar con rigor y firmeza, no con complicidad.

Aquí, la prensa enfrenta un desafío mayúsculo: narrar con rigor un problema estructural de violencia, sin ceder ante la presión de los grupos que buscan deslegitimar la agenda de género

En México, la situación es crítica. El país arrastra desde hace años una crisis de feminicidios que no logra resolverse, pese al reconocimiento legal y a los reclamos constantes de las organizaciones civiles. A ello se suma una fuerte polarización política que contamina el debate: mientras los colectivos feministas exigen respuestas del Estado, sectores conservadores intentan desacreditar esas demandas tachándolas de radicales o ideológicas.

Aquí, la prensa enfrenta un desafío mayúsculo: narrar con rigor un problema estructural de violencia, sin ceder ante la presión de los grupos que buscan deslegitimar la agenda de género. Contar los hechos con profundidad y desmontar las falacias del discurso público es una tarea ineludible para los medios que aspiran a contribuir a un país más democrático.

Con este memorando, la SIP y la CIM ofrecen mecanismos concretos: la formación de periodistas, el intercambio de conocimiento, los premios para trabajos que visibilicen desigualdades y busquen reparación. Todo ello forma parte de una estrategia para garantizar que los contenidos mediáticos reflejen las demandas legítimas de mujeres y diversidades frente a discursos de odio, negación o banalización.

No se trata de una invitación a la militancia, sino a la profesionalidad. El periodismo con perspectiva de género es, en esencia, periodismo riguroso: el que muestra datos completos, explica contextos, visibiliza desigualdades y no banaliza reclamos sociales. Incorporar esa perspectiva no es un gesto accesorio: es una herramienta para fortalecer el periodismo en toda la región.

Callar frente a la injusticia es otra forma de complicidad, la neutralidad ya no es una opción. Los medios tenemos la obligación de resistir la desinformación y actuar como un escudo frente a narrativas que buscan retroceder en derechos ya conquistados.

En México, los medios deben asumir con claridad que no basta cubrir los feminicidios como notas aisladas: es necesario investigarlos a fondo, explicar las estructuras que los sostienen y exigir cuentas a las instituciones. Y las audiencias, por su parte, tienen un rol activo: demandar información de calidad, rechazar la desinformación y no dejarse arrastrar por narrativas que normalizan la violencia.

Si queremos un país más justo, necesitamos un periodismo más fuerte y una ciudadanía más exigente. Porque defender los derechos de las mujeres y de las diversidades no es solo una causa sectorial: es una condición indispensable para que México sea verdaderamente democrático.