Por Mariana Belloso

Cuando Andrés —nombre ficticio— recibió la llamada de su vecina, lo que escuchó no lo tomó por sorpresa: la policía estaba fuera de su casa con la intención de apresarlo. “Yo me había cuidado hasta entonces. Fue todo un operativo el que hicieron para dar con que era yo la persona que había escrito esas notas y luego para ubicarme”, cuenta desde un tercer país, que desde el año pasado es su lugar de residencia. “Pero ya sabía que, cuando me identificaran, iba a ser la cárcel o el exilio”. Optó por lo último.

La historia de este veterano periodista se repite, bajo diferentes condiciones y circunstancias, cada vez con mayor frecuencia en la región. Venezuela, Cuba y Nicaragua ya no son los únicos países asociados con la expulsión de periodistas. El Salvador, Guatemala, Perú, Ecuador, Colombia y Honduras registran cada vez más casos de movilidad forzada y desplazamiento interno tras amenazas de grupos de poder, ya sean políticos o vinculados al crimen organizado.

Solo la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio (RELPEX), programa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) creado para apoyar a estos profesionales a fin de que puedan seguir ejerciendo el periodismo en condiciones dignas, estén donde estén, cuenta ya con casi 500 miembros. La red también proporciona un apoyo a los medios de comunicación que operan desde otros países debido a la persecución sistemática de regímenes autoritarios. Aunque se trata de un fenómeno difícil de medir, entidades como la UNESCO reportaban más de 900 casos en la región para 2025.

“Este es un problema que va a empeorar antes de mejorar”, advierte Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP. “Y es difícil de medir por lo dinámico y fluido del fenómeno, pero también porque muchas personas optan por no hacer pública su salida, por temor a represalias contra sus familias o relaciones que se quedan en el país de origen”, agrega.

Aunque existen organizaciones de apoyo al periodismo que ofrecen ayuda a las personas que deben desplazarse, sobre todo para cubrir los costos en momentos de emergencia, el verdadero desafío comienza después: la persona debe encontrar vivienda, resolver sus gastos cotidianos, regularizar su situación migratoria y tratar de reconstruir sus redes profesionales. Todo esto mientras se adapta a la vida en un nuevo país y busca seguir ejerciendo una profesión que pocas veces ofrece estabilidad, incluso en circunstancias normales.

Muchos no lo logran. Según los datos de la RELPEX, menos de la mitad de las personas en situación de exilio o desplazamiento continúa trabajando como parte de una redacción. La mayoría, sobre todo en países donde el costo de vida es más alto, debe buscar otras formas de subsistencia. Son voces que terminan silenciadas.

Por ello, los programas que permiten la continuidad laboral de periodistas se vuelven una prioridad, sobre todo para las organizaciones que buscan apoyar al periodismo independiente en entornos adversos. La RELPEX, por ejemplo, que ofrece fondos de emergencia y asistencia legal, ha apostado por un programa de empleabilidad que opera con tres modalidades: un estipendio mensual, fondos de producción periodística y becas de producción con el financiamiento de organizaciones aliadas.

Las voces que persisten

La evaluación periódica que realiza la RELPEX muestra que el estipendio de empleabilidad es el que ha tenido mayor impacto. Comenzó en octubre de 2024, con fondos de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y 10 periodistas de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Actualmente hay 21, y pronto se sumarán cuatro más gracias al financiamiento de la organización Internews, con fondos de la Unión Europea, a través del programa AGILE.

Este fondo ofrece un complemento al pago mensual que el medio hace a la persona periodista, con el objetivo de mejorar su estabilidad económica, reducir su dependencia de otras fuentes de ingresos y aumentar el tiempo que dedica al periodismo.

Solo durante el primer año, esto significó la producción de unas 800 piezas periodísticas, entre reportajes, investigaciones, entregas multimedia e infografías, entre otros formatos. Esas publicaciones incluyeron investigaciones sobre corrupción, derechos humanos, crimen organizado, migración, medio ambiente y autoritarismo en algunos de los contextos más restrictivos para la libertad de prensa en la región.

Pero, más allá de las cifras, hay historias que rara vez se conocen. Una de las beneficiarias de la RELPEX cuenta que el apoyo recibido le permitió completar su proceso de regularización migratoria, acceder a servicios de salud y recuperar la estabilidad en un momento crítico de su adaptación al país de acogida.

Otra profesional señaló que el respaldo económico fue esencial para continuar ejerciendo la profesión y mantener ingresos vinculados a ella. Una tercera agregó que el acompañamiento recibido ha ido más allá de lo económico y le ha significado acceso a formación, redes profesionales y oportunidades para seguir investigando y publicando.

Los testimonios de otros beneficiarios coinciden en que el impacto trasciende lo económico. Destacan que la mejora de los ingresos les permitió fortalecer sus capacidades para hacer periodismo desde el exilio, y casi todos manifiestan su intención de seguir haciéndolo.

Esto es relevante porque las condiciones que llevaron a estas personas a salir de sus países de origen no han mejorado y, por tanto, casi ninguna considera regresar.

“Cuando se logra que un periodista pueda seguir ejerciendo, o vuelva a la profesión después de estas pausas obligadas, no solo se está protegiendo su proyecto de vida, sino que se está abonando al ecosistema de periodismo independiente. Al mismo tiempo, se está facilitando información importante en países que no solo limitan, sino que castigan cualquier tipo de periodismo independiente. Se investigan abusos de poder. Se mantienen vivas conversaciones que estos grupos de poder intentan silenciar. Se previene que haya más desiertos informativos”, agrega Carlos Lauría, de la SIP. 

“Requiere trabajo, esfuerzo y respaldo de la comunidad internacional, pero el exilio ya no tiene por qué significar silencio”, añade el ejecutivo de la SIP.

La necesidad de este tipo de programas sigue creciendo. Cada año, más periodistas se ven obligados a abandonar sus países y más medios independientes luchan por sobrevivir desde el exilio. La experiencia de la RELPEX demuestra la importancia de apoyar este tipo de esfuerzo, pero también que la demanda sigue superando ampliamente los recursos disponibles.

Por Graciela Rock*

En un continente azotado por crecientes embates autoritarios y discursos antiderechos, la firma del acuerdo entre la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA es mucho más que un acto protocolar. Representa un compromiso regional para enfrentar los intentos de restar legitimidad no solo a los derechos conquistados por mujeres y diversidades, sino también a los avances sociales que costaron décadas de lucha.

Esta alianza estratégica supone compromisos concretos: impulsar la equidad de género en los medios, fortalecer la libertad de prensa y combatir la desinformación de género. Incluye la creación de un premio anual de periodismo con perspectiva de género, programas de formación y campañas para visibilizar las voces de mujeres y diversidades.

El periodismo riguroso tiene una responsabilidad fundamental: construir la voz de los derechos en cada etapa de la historia. Como señala Fernando Ruiz, el periodismo no solo acompaña la formación del reclamo social, sino también su aceptación y la transformación institucional que convierte ese reclamo en un derecho efectivo.

Mariana Iglesias lo advertía en Clarín al analizar la situación en Argentina: los avances en materia de género enfrentan retrocesos dolorosos y el periodismo tiene la obligación ética de ser no solo testigo, sino agente decisivo del cambio. En tiempos en que gobiernos y comunicadores apelan a falacias y desinformación —como negar la violencia de género— la prensa debe reaccionar con rigor y firmeza, no con complicidad.

Aquí, la prensa enfrenta un desafío mayúsculo: narrar con rigor un problema estructural de violencia, sin ceder ante la presión de los grupos que buscan deslegitimar la agenda de género

En México, la situación es crítica. El país arrastra desde hace años una crisis de feminicidios que no logra resolverse, pese al reconocimiento legal y a los reclamos constantes de las organizaciones civiles. A ello se suma una fuerte polarización política que contamina el debate: mientras los colectivos feministas exigen respuestas del Estado, sectores conservadores intentan desacreditar esas demandas tachándolas de radicales o ideológicas.

Aquí, la prensa enfrenta un desafío mayúsculo: narrar con rigor un problema estructural de violencia, sin ceder ante la presión de los grupos que buscan deslegitimar la agenda de género. Contar los hechos con profundidad y desmontar las falacias del discurso público es una tarea ineludible para los medios que aspiran a contribuir a un país más democrático.

Con este memorando, la SIP y la CIM ofrecen mecanismos concretos: la formación de periodistas, el intercambio de conocimiento, los premios para trabajos que visibilicen desigualdades y busquen reparación. Todo ello forma parte de una estrategia para garantizar que los contenidos mediáticos reflejen las demandas legítimas de mujeres y diversidades frente a discursos de odio, negación o banalización.

No se trata de una invitación a la militancia, sino a la profesionalidad. El periodismo con perspectiva de género es, en esencia, periodismo riguroso: el que muestra datos completos, explica contextos, visibiliza desigualdades y no banaliza reclamos sociales. Incorporar esa perspectiva no es un gesto accesorio: es una herramienta para fortalecer el periodismo en toda la región.

Callar frente a la injusticia es otra forma de complicidad, la neutralidad ya no es una opción. Los medios tenemos la obligación de resistir la desinformación y actuar como un escudo frente a narrativas que buscan retroceder en derechos ya conquistados.

En México, los medios deben asumir con claridad que no basta cubrir los feminicidios como notas aisladas: es necesario investigarlos a fondo, explicar las estructuras que los sostienen y exigir cuentas a las instituciones. Y las audiencias, por su parte, tienen un rol activo: demandar información de calidad, rechazar la desinformación y no dejarse arrastrar por narrativas que normalizan la violencia.

Si queremos un país más justo, necesitamos un periodismo más fuerte y una ciudadanía más exigente. Porque defender los derechos de las mujeres y de las diversidades no es solo una causa sectorial: es una condición indispensable para que México sea verdaderamente democrático.