Por Daniel Valencia Caravantes*

“Me tiene sin cuidado que me llamen dictador…”.

La noche en la que el presidente inconstitucional de El Salvador pronunció esa frase, el periodista supo que tenía que abandonar el país.

Y no fue el único.

Minutos después, luego de que Nayib Bukele terminara un discurso en el que atacó a la prensa, una fuente le hizo llegar otro mensaje:

—¿Ya se fue? Le dije que los tienen en la mira.

Hacía dos semanas que había salido de casa cuando recibió aquella nueva advertencia. El tiempo se había agotado.

Al llegar a la frontera se imaginó lo peor, sobre todo porque en el último año y medio había participado en coberturas que incomodaron a funcionarios y sobre las atrocidades que ocurren en las cárceles del régimen: salvadoreños que mueren de hambre, con la piel en los huesos, enterrados en fosas comunes, sin identidad, desaparecidos del radar de sus familias, a quienes el Estado nunca les confirmó dónde los tenía presos, nunca les dijo que se habían muerto bajo su custodia.

El periodista perdió la paz. Hasta entonces, para él, la paz era un collage con tres imágenes: la primera, la de un niño que, en guinda, huye junto a su madre, tomados de la mano, de la balacera entre soldados y guerrilleros que se escuchaba cuadras atrás, donde antes estaba su pasaje y la casa en la que vivían. La segunda es la de varias familias de refugiados que comparten una olla de frijoles en una casa recién construida, todavía con olor a cemento fresco. La casa en la que viviría hasta los 21 años. La tercera es la de la firma de la paz, en enero de 1992, cuando entendió que aquellos hombres que en la tele se estrechaban la mano y aplaudían habían puesto fin, por fin, a la guerra.

El día que decidió irse al exilio descubrió que su nuevo concepto de paz sería la imagen de un puente colgante, con las palabras El Salvador a sus espaldas.

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Aquella no había sido su primera guinda por cuestiones laborales. Pero, por su seguridad, solo diremos que años atrás ya había tenido que refugiarse temporalmente a raíz de una investigación sobre agentes del Estado.

Esta vez, sin embargo, supo que sería diferente. Un punto de quiebre. Lo supo un martes por la noche, a las carreras, poco después de que el régimen de Bukele capturara a la defensora de derechos humanos Ruth López.

A López la sacaron de su casa con engaños y la acusaron de un delito que, a juicio de expertos, no tiene ni pies ni cabeza. Su proceso ha transcurrido sin garantías y es denunciado por su familia, sus defensores y organizaciones de derechos humanos. López era, si no la principal, una de las voces principales contra el régimen inconstitucional de Bukele.

“Si la han agarrado a ella, el resto estamos jodidos”, le dijo a un familiar.

En aquellos días, otra fuente le hizo saber un mensaje que no quería recibir: le dijo que ya estaba todo perdido, que la captura de López y la inminente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros eran el inicio de una cacería contra voces incómodas y contra periodistas.

La ley habilitó una amplia intervención estatal sobre las operaciones de organizaciones de la sociedad civil, medios y personas naturales que reciben fondos extranjeros, además de imponer un impuesto del 30 % sobre esos recursos. También faculta a la Fiscalía para investigarlos y eso, en un país donde la Fiscalía está al servicio de Bukele, se siente como una doble amenaza, sobre todo después de que, en febrero de 2025, Bukele acusara sin pruebas a periodistas y medios independientes de formar parte de una red internacional de lavado de dinero.

El periodista entró en negación. Pero más tarde otra fuente le dijo por primera vez aquello que nadie quisiera escuchar:

—Tienen que armar maletas… Tienen que irse del país… Los tienen en la mira.

Lo que ocurrió después todavía duele: informar a la familia que quizá había que dejarlo todo, “primero Dios de manera temporal”, que “ya habrá tiempo para volver”. Luego buscar dónde refugiarse internamente, un lugar desconocido, cambiar rutinas, para que nadie pudiera seguir sus pasos. Porque, dice, no es fácil tomar la decisión de lanzarse al vacío sin un paracaídas.

Aquel mayo fue un mayo aciago. Hacía cuatro meses que no percibía un salario. Su medio, como buena parte de los medios independientes de la región, había sido golpeado por el recorte de fondos a la cooperación ordenado por la administración Trump. De la noche a la mañana, en Centroamérica, decenas de medios cerraron programas, se quedaron sin fondos, despidieron empleados o ralentizaron publicaciones.

Y, sin embargo, muchos periodistas, tozudos, siguieron investigando, viviendo de ahorros, haciendo dobles o triples empleos para poder garantizar una publicación. Otra periodista, también golpeada por los recortes y obligada después a salir del país por las amenazas, dimensiona qué significó cortarlo todo de tajo.

“Fue un golpe para mi proyecto de vida personal, que tenía como objetivo principal acompañar a mi madre en su vejez. Separarme de mi familia ha sido sumamente doloroso, pues son fundamentales en mi vida”, dice.

Ella, al igual que el periodista, al igual que muchos otros, sigue investigando. Y esa tozudez tiene una explicación de origen. En El Salvador de la posguerra floreció, a la par de otras expresiones culturales, una cultura periodística cimentada por generaciones maravilladas por las oportunidades que trajo la paz: el disenso, el diálogo, el cese de las represiones del pasado.

Ese gen periodístico se transmitió de generación en generación hasta las jefaturas y mandos medios del ecosistema independiente que hoy se resiste a morir pese al recorte de fondos y pese a Bukele. Es una prensa que investigó la corrupción de Arena, auscultó los gobiernos del FMLN y que, desde temprano, comenzó también a investigar al nuevo poder.

La respuesta del bukelismo fue una escalada sostenida contra esa prensa. Desde sus primeros meses, Bukele construyó un discurso que presentó a periodistas y medios independientes como adversarios; restringió accesos a conferencias y entrevistas, debilitó el acceso a información pública y, paralelamente, el Estado levantó su propio aparato de medios y propaganda. En 2020, durante la pandemia, crecieron además las presiones y auditorías fiscales contra periodistas y medios.

Luego, en 2021, apareció por primera vez una Ley de Agentes Extranjeros que podía asfixiar financieramente a organizaciones y medios que recibían apoyos de la cooperación internacional. Aquella iniciativa no avanzó entonces por presiones de la misma comunidad internacional interesada en la democracia del país.

Pero en mayo de 2025 el contexto era otro. El recorte de la cooperación ordenado por la administración Trump ya había golpeado brutalmente al ecosistema. En medio de esa fragilidad llegó la captura de Ruth López y, dos días después, la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, con un impuesto del 30 % sobre los fondos recibidos del exterior. “La Ley de Agentes Extranjeros es una condena de muerte por asfixia al periodismo y a las organizaciones que no se doblegan al discurso oficial ni al oficialismo”, ha dicho Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador. 

Para el periodista, para la periodista, para muchos, el mensaje era claro. Para entonces, ni sus medios ni ellos tenían recursos para buscar un boleto, un refugio, para volar o partir por tierra hacia otro país, lejos del bukelato.

“Y esa precisión importa”, dice el periodista.

A diferencia de otros casos en la región, los periodistas salvadoreños venían de ser golpeados por el recorte de los fondos de ayuda. Estaban en coma cuando llegaron las amenazas, el amedrentamiento y la persecución.

Quienes salieron al exilio salieron prácticamente sin nada. Sin empleo, sin ingresos, sin futuro. Periodistas exiliados sin poder ejercer.

“Nuestro exilio no es igual a otros exilios ocurridos en la región”, dice el periodista. “A nosotros, a la gran mayoría de periodistas salvadoreños, nos tocó salir sin nada, apenas con maletas y un poco de ropa y sin futuro. No es lo mismo pensar en reportear a tu país desde fuera, con un proyecto, con trabajo fijo, que mirar a tu país sabiendo que ahora enfrentas dos realidades: sobrevivir en un país ajeno y ver cómo sostener a aquellos que dejaste atrás”.

La Red Latinoamericana de Periodistas en el Exilio (RELPEX) entendió rápido esa realidad. La RELPEX surgió seis meses antes del golpe a los periodistas salvadoreños y ahora la integran un universo de 500 periodistas de América Latina golpeados por persecuciones autoritarias. Con el nuevo éxodo salvadoreño, su apoyo fue clave. Gracias a esa red el periodista pudo salir, cruzar un puente, reescribir su concepto de paz. Escucharon su caso, vieron su urgencia y le apoyaron a él y a parte de su equipo para tener asegurado, al menos, un periodo prudencial en un país seguro. Un tiempo clave para tocar más puertas, conseguir más apoyos.

Allá, en ese otro país, descubrió a qué sabe el exilio. Sus trampas, sus desconsuelos.

Y descubrió también algo que desde fuera puede resultar difícil de comprender: salir al exilio no significa estar preparado para contar el exilio.

Sobre todo cuando a muchos los unía la desesperanza, la tristeza y la incertidumbre. Era el drama de haberlo dejado todo, una vida, familias incluidas. Y en ese drama también había mucho miedo. Miedo a un país ajeno. Extraño. Miedo a autoridades que pudieran estar coludidas con el régimen de Bukele. Paranoia de que pudieran ubicarlos, perseguirlos, enviarlos de regreso. Había demasiado miedo para decir: “me fui, estoy exiliado”, cuando eso podía ser perjudicial para las familias que se habían quedado atrás.

Pasó un tiempo antes de que el periodista pudiera declararse exiliado, por su propia boca. Y pasó todavía más antes de aceptar una entrevista para contar su historia. Lo hizo cuando ya se sentía más fuerte, cuando la soledad comenzaba a convertirse en costumbre, cuando recién habían regresado las fuerzas para hablar, para contar su experiencia, para decir esta boca es mía.

—¿Quisieras volver? —le preguntaron.

Asintió con la cabeza, porque no le salían las palabras. En su mente estaba su familia, el abrazo de sus hijos, de sus padres, las risas de sus amigos, los domingos con pupusas, el queso duro blandito, los encuentros con los de la mesa en el bar de siempre, la complicidad con los colegas que se quedaron y seguían intentándolo, pese a todo.

—Sí. Quiero volver. Más temprano que tarde vamos a volver —respondió.

Epílogo

El periodista y la periodista siguen ejerciendo, pese al exilio, pese a la ausencia de un salario y pese a las condiciones de refugio o semiclandestinidad. Se han integrado a una alianza de periodistas salvadoreños en la que comparten datos, conocimiento, reportería y edición para poder seguir publicando.

Pero no es fácil. Según datos de RELPEX, menos de la mitad de los periodistas en el exilio continúa trabajando dentro de una redacción.

El periodista ya ha pensado en dejarlo todo. Pero siempre que está listo para dar ese salto, la tozudez lo detiene. “Siempre he sido un convencido de esto: frente a la delgada línea que separa a los oprimidos de los opresores, el periodismo tiene claro dónde clava sus banderas. No podemos parar. Cueste lo que cueste”, dice.

La periodista también sabe que la posibilidad de replantearse otra vida está presente, pero tampoco desiste. Ella sigue “creyendo que el periodismo puede cambiar realidades” o, como mínimo, “documentar lo que está ocurriendo y tomar relevancia histórica”.

Siguen, pues.

En manada.

*Periodista salvadoreño. Dirige la Redacción Regional  y la Alianza Periodística Intermedios (API). 

Por Mariana Belloso

Cuando Andrés —nombre ficticio— recibió la llamada de su vecina, lo que escuchó no lo tomó por sorpresa: la policía estaba fuera de su casa con la intención de apresarlo. “Yo me había cuidado hasta entonces. Fue todo un operativo el que hicieron para dar con que era yo la persona que había escrito esas notas y luego para ubicarme”, cuenta desde un tercer país, que desde el año pasado es su lugar de residencia. “Pero ya sabía que, cuando me identificaran, iba a ser la cárcel o el exilio”. Optó por lo último.

La historia de este veterano periodista se repite, bajo diferentes condiciones y circunstancias, cada vez con mayor frecuencia en la región. Venezuela, Cuba y Nicaragua ya no son los únicos países asociados con la expulsión de periodistas. El Salvador, Guatemala, Perú, Ecuador, Colombia y Honduras registran cada vez más casos de movilidad forzada y desplazamiento interno tras amenazas de grupos de poder, ya sean políticos o vinculados al crimen organizado.

Solo la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio (RELPEX), programa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) creado para apoyar a estos profesionales a fin de que puedan seguir ejerciendo el periodismo en condiciones dignas, estén donde estén, cuenta ya con casi 500 miembros. La red también proporciona un apoyo a los medios de comunicación que operan desde otros países debido a la persecución sistemática de regímenes autoritarios. Aunque se trata de un fenómeno difícil de medir, entidades como la UNESCO reportaban más de 900 casos en la región para 2025.

“Este es un problema que va a empeorar antes de mejorar”, advierte Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP. “Y es difícil de medir por lo dinámico y fluido del fenómeno, pero también porque muchas personas optan por no hacer pública su salida, por temor a represalias contra sus familias o relaciones que se quedan en el país de origen”, agrega.

Aunque existen organizaciones de apoyo al periodismo que ofrecen ayuda a las personas que deben desplazarse, sobre todo para cubrir los costos en momentos de emergencia, el verdadero desafío comienza después: la persona debe encontrar vivienda, resolver sus gastos cotidianos, regularizar su situación migratoria y tratar de reconstruir sus redes profesionales. Todo esto mientras se adapta a la vida en un nuevo país y busca seguir ejerciendo una profesión que pocas veces ofrece estabilidad, incluso en circunstancias normales.

Muchos no lo logran. Según los datos de la RELPEX, menos de la mitad de las personas en situación de exilio o desplazamiento continúa trabajando como parte de una redacción. La mayoría, sobre todo en países donde el costo de vida es más alto, debe buscar otras formas de subsistencia. Son voces que terminan silenciadas.

Por ello, los programas que permiten la continuidad laboral de periodistas se vuelven una prioridad, sobre todo para las organizaciones que buscan apoyar al periodismo independiente en entornos adversos. La RELPEX, por ejemplo, que ofrece fondos de emergencia y asistencia legal, ha apostado por un programa de empleabilidad que opera con tres modalidades: un estipendio mensual, fondos de producción periodística y becas de producción con el financiamiento de organizaciones aliadas.

Las voces que persisten

La evaluación periódica que realiza la RELPEX muestra que el estipendio de empleabilidad es el que ha tenido mayor impacto. Comenzó en octubre de 2024, con fondos de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y 10 periodistas de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Actualmente hay 21, y pronto se sumarán cuatro más gracias al financiamiento de la organización Internews, con fondos de la Unión Europea, a través del programa AGILE.

Este fondo ofrece un complemento al pago mensual que el medio hace a la persona periodista, con el objetivo de mejorar su estabilidad económica, reducir su dependencia de otras fuentes de ingresos y aumentar el tiempo que dedica al periodismo.

Solo durante el primer año, esto significó la producción de unas 800 piezas periodísticas, entre reportajes, investigaciones, entregas multimedia e infografías, entre otros formatos. Esas publicaciones incluyeron investigaciones sobre corrupción, derechos humanos, crimen organizado, migración, medio ambiente y autoritarismo en algunos de los contextos más restrictivos para la libertad de prensa en la región.

Pero, más allá de las cifras, hay historias que rara vez se conocen. Una de las beneficiarias de la RELPEX cuenta que el apoyo recibido le permitió completar su proceso de regularización migratoria, acceder a servicios de salud y recuperar la estabilidad en un momento crítico de su adaptación al país de acogida.

Otra profesional señaló que el respaldo económico fue esencial para continuar ejerciendo la profesión y mantener ingresos vinculados a ella. Una tercera agregó que el acompañamiento recibido ha ido más allá de lo económico y le ha significado acceso a formación, redes profesionales y oportunidades para seguir investigando y publicando.

Los testimonios de otros beneficiarios coinciden en que el impacto trasciende lo económico. Destacan que la mejora de los ingresos les permitió fortalecer sus capacidades para hacer periodismo desde el exilio, y casi todos manifiestan su intención de seguir haciéndolo.

Esto es relevante porque las condiciones que llevaron a estas personas a salir de sus países de origen no han mejorado y, por tanto, casi ninguna considera regresar.

“Cuando se logra que un periodista pueda seguir ejerciendo, o vuelva a la profesión después de estas pausas obligadas, no solo se está protegiendo su proyecto de vida, sino que se está abonando al ecosistema de periodismo independiente. Al mismo tiempo, se está facilitando información importante en países que no solo limitan, sino que castigan cualquier tipo de periodismo independiente. Se investigan abusos de poder. Se mantienen vivas conversaciones que estos grupos de poder intentan silenciar. Se previene que haya más desiertos informativos”, agrega Carlos Lauría, de la SIP. 

“Requiere trabajo, esfuerzo y respaldo de la comunidad internacional, pero el exilio ya no tiene por qué significar silencio”, añade el ejecutivo de la SIP.

La necesidad de este tipo de programas sigue creciendo. Cada año, más periodistas se ven obligados a abandonar sus países y más medios independientes luchan por sobrevivir desde el exilio. La experiencia de la RELPEX demuestra la importancia de apoyar este tipo de esfuerzo, pero también que la demanda sigue superando ampliamente los recursos disponibles.

Por Graciela Rock*

En un continente azotado por crecientes embates autoritarios y discursos antiderechos, la firma del acuerdo entre la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA es mucho más que un acto protocolar. Representa un compromiso regional para enfrentar los intentos de restar legitimidad no solo a los derechos conquistados por mujeres y diversidades, sino también a los avances sociales que costaron décadas de lucha.

Esta alianza estratégica supone compromisos concretos: impulsar la equidad de género en los medios, fortalecer la libertad de prensa y combatir la desinformación de género. Incluye la creación de un premio anual de periodismo con perspectiva de género, programas de formación y campañas para visibilizar las voces de mujeres y diversidades.

El periodismo riguroso tiene una responsabilidad fundamental: construir la voz de los derechos en cada etapa de la historia. Como señala Fernando Ruiz, el periodismo no solo acompaña la formación del reclamo social, sino también su aceptación y la transformación institucional que convierte ese reclamo en un derecho efectivo.

Mariana Iglesias lo advertía en Clarín al analizar la situación en Argentina: los avances en materia de género enfrentan retrocesos dolorosos y el periodismo tiene la obligación ética de ser no solo testigo, sino agente decisivo del cambio. En tiempos en que gobiernos y comunicadores apelan a falacias y desinformación —como negar la violencia de género— la prensa debe reaccionar con rigor y firmeza, no con complicidad.

Aquí, la prensa enfrenta un desafío mayúsculo: narrar con rigor un problema estructural de violencia, sin ceder ante la presión de los grupos que buscan deslegitimar la agenda de género

En México, la situación es crítica. El país arrastra desde hace años una crisis de feminicidios que no logra resolverse, pese al reconocimiento legal y a los reclamos constantes de las organizaciones civiles. A ello se suma una fuerte polarización política que contamina el debate: mientras los colectivos feministas exigen respuestas del Estado, sectores conservadores intentan desacreditar esas demandas tachándolas de radicales o ideológicas.

Aquí, la prensa enfrenta un desafío mayúsculo: narrar con rigor un problema estructural de violencia, sin ceder ante la presión de los grupos que buscan deslegitimar la agenda de género. Contar los hechos con profundidad y desmontar las falacias del discurso público es una tarea ineludible para los medios que aspiran a contribuir a un país más democrático.

Con este memorando, la SIP y la CIM ofrecen mecanismos concretos: la formación de periodistas, el intercambio de conocimiento, los premios para trabajos que visibilicen desigualdades y busquen reparación. Todo ello forma parte de una estrategia para garantizar que los contenidos mediáticos reflejen las demandas legítimas de mujeres y diversidades frente a discursos de odio, negación o banalización.

No se trata de una invitación a la militancia, sino a la profesionalidad. El periodismo con perspectiva de género es, en esencia, periodismo riguroso: el que muestra datos completos, explica contextos, visibiliza desigualdades y no banaliza reclamos sociales. Incorporar esa perspectiva no es un gesto accesorio: es una herramienta para fortalecer el periodismo en toda la región.

Callar frente a la injusticia es otra forma de complicidad, la neutralidad ya no es una opción. Los medios tenemos la obligación de resistir la desinformación y actuar como un escudo frente a narrativas que buscan retroceder en derechos ya conquistados.

En México, los medios deben asumir con claridad que no basta cubrir los feminicidios como notas aisladas: es necesario investigarlos a fondo, explicar las estructuras que los sostienen y exigir cuentas a las instituciones. Y las audiencias, por su parte, tienen un rol activo: demandar información de calidad, rechazar la desinformación y no dejarse arrastrar por narrativas que normalizan la violencia.

Si queremos un país más justo, necesitamos un periodismo más fuerte y una ciudadanía más exigente. Porque defender los derechos de las mujeres y de las diversidades no es solo una causa sectorial: es una condición indispensable para que México sea verdaderamente democrático.